Historia de una Masacre

Entre 1987 y 1994 se registraron en los municipios de Trujillo, Riofrío y Bolívar (Valle del Cauca - Colombia), alrededor de 342 casos de violaciones a los Derechos Humanos, crímenes de lesa humanidad, cometidos por funcionarios del Estado colombiano, ejército (militares), paramilitares, policía y líderes del narcotráfico. Todos involucrados en crímenes y delitos, Torturas, desapariciones y asesinatos extrajudiciales ejecutados contra la población civil.

Alrededor de 300 familias residenciadas en los municipios de Trujillo, Riofrío y Bolívar presenciaron y sufrieron las consecuencias físicas y morales de la tortura, la desaparición y muerte de sus seres queridos.

Mediante una acción sistemática y continuada se dieron en estos años formas de aniquilamiento de la población civil, que han constituido la llamada 'masacre de Trujillo'. Agentes de la fuerza pública, el narcotráfico y el sicariato, se tomaron la vida cotidiana de estos municipios para hacer alarde de las formas más refinadas y repugnantes de aniquilamiento de la vida humana, mediante operaciones de `limpieza social´ y de abierta persecución política.

Lo que se ha conocido como 'La Masacre de Trujillo' tuvo un momento álgido, entre marzo y abril de 1990, cuando un conjunto de vidas humanas fueron destruidas con un derroche de sevicia en nada inferior al que la historia humana conoció en sus momentos más vergonzantes. 

Sin embargo, cuando tal puerta de entrada permitió irse asomando a los patrones de agresión contra la vida y la integridad de las personas, que imperaron en la zona de ese período, las denuncias que se fueron recibiendo fueron revelando rasgos y pautas comunes a muchísimos casos, esparcidos en un período de varios años. Sobre un total de más de 300 denuncias acumuladas, una Comisión Técnica de Evaluación de Casos identificó, en 1997 los patrones de agresión que definían la verdadera MASACRE DE TRUJILLO, en cuanto a: tiempos, espacios, modalidades, agentes activos, móviles, agentes pasivos y acción estatal, todo relacionado con un criterio rector que era la violación a la Convención Americana de Derechos Humanos. 

Campesinos, jornaleros, drogadictos, educadores, ebanistas, motoristas, vendedores ambulantes, comerciantes, profesionales y sacerdotes, fueron víctimas de uno de los episodios más sangrientos de la historia colombiana.

Así, pues, se pudo detectar que durante el período 1986-1994, se ejerció una práctica sistemática de eliminación de vidas humanas, en la cual tuvieron participación de primer orden agentes directos e indirectos del Estado colombiano, amparados en la complicidad activa o pasiva de las instituciones oficiales. Dicha sistematicidad, identificada en 3 móviles principales, en estructuras criminales incrustadas activa o pasivamente en la institucionalidad vigente, en un área geográfica de 3 municipios ligada por intereses económico políticos, revela la conexidad de todos estos casos,.

A la masacre física de vidas humanas, siguió una segunda masacre: la masacre moral. Las autoridades llamadas a impartir justicia, desconocieron los testimonios y pruebas aportados por testigos presenciales, que a la postre fueron también víctimas de los sicarios.